Contratación del Servicio de adaptación de la tramitación electrónica en materia de discapacidad, Componente 22, Inversión-2, Objetivo 325, con financiación de los Fondos «Next Generation EU», con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Contratación del Servicio de adaptación de la tramitación electrónica en materia de discapacidad, Componente 22, Inversión-2, Objetivo 325, con financiación de los Fondos «Next Generation EU», con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

• Contar con un certificado de calidad de Servicios (ISO9001 o equivalente)
  10%
• Contar con un certificado de gestión ambiental (ISO14001 o equivalente)
  10%
• Experiencia adicional del personal mínimo exigido para la ejecución efectiva del contrato
  20%
• Precio
  30%
• Memoria técnica
  30%

• Capacidad de obrar
• Consideraciones de tipo social

  El contratista se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del presente contrato público serán íntegramente declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente.

• Volumen anual de negocios

  La solvencia económica y financiera se acreditará mediante el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades de la empresa y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido a continuación: El volumen anual de negocios en el ámbito del contrato asciende a 133.020,72 euros.

• No prohibición para contratar
• Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo

  El adjudicatario garantizará en la ejecución del contrato el respeto de los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

• Relación de principales suministros (OSR)

  La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Las prestaciones ejecutadas se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario para el que se haya realizado la prestación, acompañado de los documentos obrantes, en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. El importe anual acumulado que la empresa debe acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución del periodo antes indicado, en servicios de igual o similar naturaleza, será de, como mínimo de noventa y tres mil ciento catorce euros con cincuenta céntimos (93.114,50 €).