Evaluar la incidencia de las determinaciones del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, en la situación legal de actividades económicas en pequeños y medianos municipios de la región

Evaluar la incidencia de las determinaciones del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, en la situación legal de actividades económicas en pequeños y medianos municipios de la región

• Equipo jurídico acreditado/declarada
  20%
• PLAN DE TRABAJO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN
  15%
• Experiencia en Gestión urbanística municipal
  20%
• Equipo Medioambiental acreditada/declarada
  20%
• METODOLOGÍA Y ENFOQUE TÉCNICO
  25%

• Volumen anual de negocios

  Se acreditará mediante una declaración sobre el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, se establece un volumen anual a acreditar de 43801,65 €. o bien Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 43.601,85 €, que cubra al menos los riesgos profesionales y de responsabilidad civil del funcionamiento del servicio, todo el plazo de vigencia del servicio.

• Relación de principales suministros (OSR)

  Se acreditará mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; que se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente