Servicio de representación y defensa legal de MARE, S.A., M.P. por abogado/a

Servicio de representación y defensa legal de MARE, S.A., M.P. por abogado/a

• Experiencia en el ámbito del derecho civil del abogado/a que vaya a ejecutar el contrato
  5%
• Oferta económica
  51%
• Experiencia en el ámbito del derecho administrativo y de la jurisdicción contencioso-administrativa del abogado/a que vaya a ejecutar el contrato
  5%
• Experiencia en el ámbito del derecho laboral y de la jurisdicción laboral del abogado/a que vaya a ejecutar el contrato
  14%
• Antigüedad de colegiación
  20%
• Experiencia en el ámbito del derecho penal del abogado/a que vaya a ejecutar el contrato
  5%

• Consideraciones de tipo medioambiental

  La eliminación del papel como soporte en cualquiera de las acciones que conlleve la ejecución del contrato, como pueden ser las comunicaciones con el responsable del contrato o usuarios, que deberán realizarse de manera generalizada mediante medios electrónicos.

• Requisito

  El licitador persona física o el/la responsable de la ejecución del contrato de la empresa licitadora (persona jurídica) deberá tener al menos una antigüedad de diez (10) años de colegiación en un Colegio de la Abogacía

• Patrimonio neto

  De conformidad con lo establecido en el artículo 87.1.b) de la LCSP, así como en el artículo 11.4.a) del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente en el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de la Ley de Contratos del Sector Público.