La contratación resulta necesaria para garantizar el cumplimiento de la normativa técnico-sanitaria aplicable a las piscinas de uso público, en particular el Real Decreto 742/2013 y el Decreto 177/1992 de Castilla y León, asegurando las adecuadas condiciones de salubridad, desinfección, control de calidad del agua y seguridad de los usuarios durante la temporada de baño.