Contrato de Gestión Integral de la Residencia y Centro de Día (Magda Godia)

Contrato de Gestión Integral de la Residencia y Centro de Día (Magda Godia)

• Mejora del canon anual a favor del Ayuntamiento
  5%
• Mejora en las inversiones mínimas
  5%
• Plan de formación del personal adscrito al servicio
  6%
• Años de experiencia y variedad del equipo de apoyo multidisciplinar a la dirección del centro
  15%
• Oferta económica- Precio Medio Ponderado Diario (PMPD)
  10%
• Acreditaciones oficiales de calidad y mecanismos de control y seguimiento
  5%
• Calidad del proyecto de gestión y explotación
  49%
• Experiencia en la contratación de servicios auxiliares con empresas de inserción laboral o centros especiales de empleo
  5%

• Patrimonio neto

  Los licitadores que sean personas físicas conforme a lo dispuesto en el artículo 87.1.b) LCSP mediante el justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, aportando en su caso un compromiso de renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante la ejecución del contrato y sus eventuales prórrogas.

• Relación de principales suministros (OSR)

  Será requisito mínimo de solvencia estar ejecutando o haber ejecutado en los últimos tres años al menos dos contratos de gestión de centros de mayores (residencia o centro de día) cuyo número de plazas sea similar al de la Residencia de Mequinenza.

• Capacidad de obrar
• Cumplimiento obligaciones Seg. Social

  Cumplimiento con las obligaciones tributarias

• Cumplimiento obligaciones tributarias

  Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

• Requisito

  Los licitadores que sean personas jurídicas conforme a lo dispuesto en el artículo 87.1.c) LCSP mediante la justificación a través del balance del último ejercicio cerrado presentado en el Registro Mercantil o declaraciones fiscales, de la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente superior a la unidad o, si fuera inferior, que su importe se pueda compensar con el valor del Patrimonio Neto, que ha de superar, en todo caso, el importe mínimo establecido en la legislación mercantil para no incurrir en causa de disolución.