Suministro, suscripción y acceso a recursos de Información en formato electrónico: publicaciones periódicas, paquetes de revistas, bases de datos, para la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid.

Suministro, suscripción y acceso a recursos de Información en formato electrónico: publicaciones periódicas, paquetes de revistas, bases de datos, para la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid.

• Recursos de información Elsevier.

  49.190 €

• Recurso de información en Ingeniería Informática.

  6200 €

• Bases de datos de información bibliográfica Plataforma ProQuest.

  17.100 €

• Base de datos multidisciplinar en el área de Ciencias Sociales y Humanidades.

  11.164 €

• Recurso de información en Física.

  36.000 €

• Bases de datos y revistas electrónicas.

  118.640 €

• Bases de datos de información bibliográfica EbscoHost.

  23.200 €

• Base de datos de información financiera.

  66.124 €

• Recursos de información Taylor & Francis.

  24.713 €

• Biblioteca Tirant Lo Blanch.

  14.130 €

• Base de datos American Psychological Association.

  103.900 €

• Recursos de información jurídica Aranzadi.

  52.140 €

• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos

  En el supuesto de que la ejecución del contrato implique el acceso de datos personales, el contratista se someterá a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, siendo esta una obligación contractual esencial de conformidad con lo establecido en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

• Muestras, descripciones y fotografías

  Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

• Relación de principales suministros (OSR)

  El criterio para la acreditación de la solvencia técnica será la experiencia en la realización de suministros del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación se acreditará mediante la relación de los suministros efectuados por el licitador en el curso de los tres últimos años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, en la que se indique, además del objeto del contrato, el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. La relación se ordenará por anualidades, totalizando los importes anuales para poder comprobar si dispone de la solvencia requerida, todos ellos avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor anual medio estimado del contrato. La suma de los importes que consten en los certificados deberá ser igual o superior al importe mínimo indicado como solvencia técnica. Si con un solo certificado se alcanza dicha cifra, no será preciso aportar más. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, se atenderá al código CPV. El órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en relación con la acreditación de los medios de solvencia, en aplicación de los artículos 86 a 94 de la Ley de Contratos del Sector Público, o requerirle para la presentación de otros complementarios. La acreditación de que el licitador cuenta con experiencia demostrable en la ejecución de contratos similares es muestra de su nivel de solvencia profesional. En caso de empresas de nueva creación, entendiendo por tales las que tengan una antigüedad inferior a cinco años, la solvencia técnica se acreditará adjuntando la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerida por los servicios dependientes del órgano de contratación cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante.

• Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo

  La empresa adjudicataria proporcionará, debidamente legalizadas, las suscripciones objeto de este documento respecto a los derechos de propiedad intelectual, comercial, industrial, patentes y marcas, o cualquier otro de naturaleza similar o análoga. Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos o indemnizaciones que conlleven y/o se deriven de una gestión no correcta.

• Capacidad de obrar
• No prohibición para contratar
• Volumen anual de negocios

  El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador o candidato que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año. Artículo 11.4 (a) Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Acreditación: El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Subsidiariamente, si por razones justificadas documentalmente el empresario no pudiera presentar la documentación acreditativa que se indica en el párrafo anterior, podrá acreditar su solvencia económica y financiera en base a la ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales. Dicha ratio será igual o superior a 1, entendiendo como tal el resultado de dividir el total de su activo entre el total de su pasivo exigible.

• Consideraciones de tipo social

  De conformidad con el art. 202 de la LCSP, en la ejecución del contrato las empresas adjudicatarias garantizarán la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.